Referencias:
http://es.wikipedia.org/wiki/Valent%C3%ADn_Paniagua
Mesa de Diálogo Permanente:
http://www.servindi.org/pdf/Constituyen_la_mesa_de_dialogo_permanente_D_S%20072_%202001_PCM_23_de_junio_2001.pdf
Consejo Nacional de Educación:
http://www.participaperu.org.pe/apc-aa/archivos-aa/7d6218eab2aa638e3557e0dd0d713487/educacion2.doc
Comisión de la Verdad:
http://www.monografias.com/trabajos55/valentin-paniagua/valentin-paniagua2.shtml
En noviembre de 2000, el Presidente Fujimori renunció por fax desde Japón, y también lo hicieron sus Vicepresidentes (Francisco Tudela van Breugel Douglas y Ricardo Márquez) en Lima, de tal manera que el Congreso eligió a Valentin Paniagua Presidente Constitucional de la República para un mandato de transición que garantizaría la transparencia de nuevas elecciones generales.
El principal objetivo de su mandato fue convocar a elecciones para el año 2001, elecciones que no fueron observadas por ningún organismo civil ni político y que arrojaron como ganador a Alejandro Toledo Manrique del Partido Político Perú Posible. También se destaca el nuevo juicio que inició a los cabecillas terroristas en el fuero civil, tal como lo ordenaba la sentencia que, sobre el tema, emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos así como la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, conformada por destacados personajes con el fin de dilucidar los 20 años de violencia política que precedieron su mandato.
Dentro de las actividades realizadas por el gobierno de Valentín Paniagua para buscar la concertación dentro del pueblo peruano, tenemos:
Constitución de la Mesa de Diálogo Permanente para la solución de los problemas de las Comunidades Indígenas de la Amazonia Peruana.
Se dio el Decreto Supremo 072-2001-PCM en el cual se planteaba:
Artículo 1.- Constitúyase la Mesa de Diálogo Permanente para la solución de los problemas de las comunidades indígenas de la amazonia peruana.
Artículo 2.- La Mesa de Diálogo Permanente para la solución de los problemas de las Comunidades Indígenas de la Amazonia Peruana a la que hace referencia el artículo precedente, estará constituida por:
- La Ministra de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, quién la presidirá
- El Ministro de Agricultura
- El Ministro de Educación
- El Ministro de Salud
- El Ministro de Energía y Minas
- El Ministro de Pesquería
- El Ministro de Defensa
- El Defensor del Pueblo
- Representantes de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Peruana
La Mesa de Diálogo Permanente para la solución de los problemas de las Comunidades Indígenas de la Amazonia Peruana contará con una Secretaria Técnica, la cual estará cargo del Jefe del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y del Secretario Técnico de Asuntos Indígenas del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano.
Artículo 3.- La Secretaria Técnica de la Mesa de Diálogo Permanente para la solución de los problemas de las Comunidades Indígenas de la Amazonia Peruana, podrá convocar a los representantes de los organismos especializados de los sectores vinculados a la problemática de las Comunidades Nativas.
Artículo 4.- La Secretaría Técnica podrá convocar además a profesionales y técnicos expertos a fin de que brinden su colaboración sobre asuntos propios de las Comunidades Nativas.
Artículo 5.- La Mesa de Diálogo Permanente para la solución de los problemas de las Comunidades Indígenas de la Amazonia Peruana tendrá como tareas principales:
- Evaluar la aplicación del Plan de Acción resultado de la Mesa de Diálogo y Cooperación con los representantes de las Comunidades Nativas, establecida por Decreto Supremo 015-2001-PCM.
- Establecer Mesas de Diálogo Regionales convocando a los representantes de las comunidades locales y los sectores involucrados, a fin de tratar la problemática específica a dichas circunscripciones.
- Elaborar y proponer el Plan Integral para el Desarrollo de las Comunidades Nativas, coordinando su aplicación.
- Elaborar propuestas normativas sobre los temas de competencia de la Mesa de Diálogo Permanente para la solución de los problemas de las Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana.
Artículo 6.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, por la Ministra de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, el Ministro de Agricultura, el Ministro de Educación, el Ministro de Salud, el Ministro de Energía y Minas, el Ministro de Pesquería y el Ministro de Defensa.
Con la implantación de la mesa de diálogo en la amazonia, se buscó reconocer que las comunidades nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas autónomas en su organización, en el trabajo comunal, y en el uso y libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo; el Estado Peruano reconoce la contribución que los pueblos indígenas hacen a la diversidad cultural, a la armonía social, a la conservación de la diversidad biológica; así mismo reconoce sus aspiraciones a asumir el control de sus propias instituciones, formas de vida y desarrollo económico, así como a mantener su identidad cultural, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados.
Consejo Nacional de Educación
Fue creado el 01 de marzo de 2001. Es un organismo plural y autónomo constituido para promover la cooperación entre la sociedad civil y el Estado, en la formulación, análisis y evaluación de los objetivos, políticas y planes para el desarrollo de la educación, a mediano y largo plazo. El Consejo tiene como objeto promover la formulación del Proyecto Educativo Nacional y de las correspondientes Políticas de Estado para su realización, estudiar y evaluar el funcionamiento de la educación, opinar de oficio sobre la política educativa a fin de darle continuidad y contribuir a su perfeccionamiento, institucionalizar en el Sector Educación la concertación y vigilancia ciudadanas, participar en la formulación de Acuerdos y Planes Nacionales de Educación y, en general, promover la cooperación entre la Sociedad Civil y el Estado para el desarrollo de la educación a mediano y largo plazo.
Funciones
- Presentar al Ministro de Educación una propuesta de Plan de Desarrollo de la Educación Peruana.
- Promover la concertación de opiniones y propuestas de políticas de mediano y largo plazo entre diferentes sectores y actores políticos del país.
- Opinar sobre temas de trascendencia educativa, a solicitud del Ministerio de Educación o del Congreso de la República.
- Proponer las decisiones políticas y legislativas que impliquen la modificación del plan de educación.
- Realizar anualmente el seguimiento del plan para formular propuestas de actualización permanente.
- Establecer canales permanentes de información y diálogo con la población.
- Promover vínculos con los organismos de participación regional del Estado y de la Sociedad Civil.
- Pronunciarse de oficio sobre asuntos vinculados a la educación peruana.
Organización
El Consejo se organiza por Comisiones de Programa:
COMISIÓN 1. Diagnóstico y visión de futuro.
COMISIÓN 2. Calidad y equidad en la educación.
COMISIÓN 3. Gestión, descentralización y financiamiento.
COMISIÓN 4. Acuerdos y relaciones con la sociedad civil.
Las Comisiones de la Verdad
Las Comisiones de la Verdad son medios no jurisdiccionales de investigación que tienen por objetivo establecer las violaciones a los derechos humanos producidas en situaciones de violencia interna. Conformadas por personajes independientes, deben brindar a la sociedad una versión veraz de lo sucedido que trascienda la fría estadística de muertos, atentados y desaparecidos.
La Comisión Andina de Juristas apuesta decididamente por la creación de una Comisión de la Verdad en el Perú. Esta publicación constituye un aporte para el debate sobre el tema. Se aborda una serie de aspectos relacionados con el trabajo que debería desarrollar una Comisión de la Verdad en nuestro país, las características comunes y los objetivos de estas comisiones así como las experiencias desarrolladas en otros países.
Así, finalizado el gobierno de Alberto Fujimori se vuelve a plantear esta necesidad de reconstrucción de la verdad. El gobierno de Valentín Paniagua Corazao estableció, por medio de la Resolución Suprema N° 304-2000-JUS, un grupo de trabajo interinstitucional encargado de elaborar propuestas legislativas y administrativas que tiendan al establecimiento de una Comisión de la Verdad. Dicho grupo de trabajo, conformado por representantes del Ejecutivo, de otros organismos estatales, representantes de la iglesia católica e iglesia evangélica, y organizaciones de la sociedad civil, tiene por objetivo discutir la conveniencia de establecer una Comisión de la Verdad, así como determinar las características que debería tener en nuestro país un órgano de investigación como éste. Por ejemplo:
- En primer lugar, decidir si resulta conveniente y necesario establecer una Comisión de la Verdad en el Perú.
- Proponer qué poder del Estado, si el Legislativo o el Ejecutivo, creará la Comisión.
- Determinar su mandato. Es decir, señalar cuáles serán sus fines (investigar los hechos, ofrecer un análisis de las causas que motivaron la violencia, plantear medidas para superarlas, recomendar formas de reparar a las víctimas, etc.), la metodología a ser aplicada para alcanzarlos, el período de tiempo que comprenderá la investigación, determinar los grupos cuya actuación será investigada y el plazo en que deberá desarrollar su labor.
- Determinar si se investigarán todos los hechos cometidos durante el período de tiempo analizado o únicamente casos emblemáticos.
- Quiénes y cuántos deberían ser sus miembros.
- Se describen las experiencias más importantes en otros estados en los que han funcionado estos órganos de investigación.
Características y fines de una comisión de la verdad
Es necesario determinar a qué nos referimos cuando hablamos de una Comisión de la Verdad y en qué forma se diferencia su actuación de las investigaciones que puede realizar el Poder Judicial en el marco de investigaciones criminales. La definición que nos ofrece Esteban Cuya nos parece adecuada para iniciar la discusión:
"Las Comisiones de la Verdad son organismos de investigación creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de violencia política o guerra interna, a enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro cercano. A través de las Comisiones de la Verdad se busca conocer las causas de la violencia, identificar a los elementos en conflicto, investigar los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes".
Cada realidad determinará las características que deberá tener una Comisión de la Verdad. Dependiendo de la situación de cada país se optará por establecer el número de sus miembros, el período de tiempo que será investigado, el plazo en que deberá concluir sus funciones, los grupos cuya acción será investigada (fuerzas armadas, grupos subversivos, grupos paramilitares, etc.), el órgano de creación, la forma en que presentará sus conclusiones, etc. Como es evidente, la propia situación política del país, por lo general muy inestable en períodos de transición, también constituirá un factor esencial para determinar los alcances de las investigaciones.
Sin embargo, nos interesa discutir las características que tienen (o deberían tener) las comisiones de la verdad, para realizar los fines que persigue. Existen criterios que resultan esenciales para poder cumplir con los fines reparadores y preventivos de una Comisión. De no darse estas características su trabajo será limitado y sus conclusiones no constituirán una descripción fidedigna de lo sucedido. Entre las principales destacan:
- Independencia e imparcialidad
- Protección a los testigos y a las víctimas
- Publicidad de las conclusiones de la Comisión
- Respeto a las personas acusadas
Sin duda, un objetivo central de estas comisiones es determinar en qué formas se puede reparar el daño causado. De por sí aceptar la responsabilidad estatal en estos hechos y promover el esclarecimiento de los mismos, es una forma de reconocimiento para las víctimas, especialmente cuando durante años nadie las ha escuchado o incluso se les ha difamado para justificar estos actos. Pero, además, es conveniente que la Comisión determine un plan de acción a futuro que permita reducir las causas que produjeron la violencia y las medidas que se pueden tomar para reparar el daño causado. De esta forma el ex presidente Dr. Valentín Paniagua, anunciaba:
"Podríamos estar diciendo entonces que entre la designación y la instalación de la Comisión de la Verdad puede transcurrir más o menos ese lapso, y para dar una fecha concreta, podemos decir que en agosto podría ser que la Comisión de la Verdad esté en funcionamiento una vez que haya logrado arbitrar los recursos y medios indispensables para el cumplimiento de sus funciones".
Conclusiones y lecciones de la comisión de la verdad
El informe final de la CVR causó estupor en Perú, porque fue la primera vez que se ponía sobre el tapete el racismo "solapado" y la discriminación en el que vive esta nación andina desde su fundación como república en el año 1821.
En opinión de la CVR, el 75 por ciento de las víctimas mortales del conflicto armado tenía el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno, y hubo relación entre el hecho de ser pobre y excluido socialmente y la probabilidad de ser víctima de violencia.
El presidente de la CVR, dijo al entregar los nueve tomos y seis anexos de los que consta el informe final que "las dos décadas finales del siglo XX son una marca de horror y deshonra para el Estado y la sociedad peruana".
"El informe presenta un doble escándalo; el del asesinato, la desaparición y la tortura masivos y la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe humanitaria y no lo hicieron", dijo Salomón Lerner.
La CVR señaló que los gobiernos de Fernando Belaúnde (1980-1985), Alan García (1985-1990) y Alberto Fujimori (1990-2000), "no estuvieron preparados, abdicaron de sus responsabilidades y no supieron afrontar este problema en democracia".
Aunque al único gobierno que la CVR atribuyó responsabilidad penal fue al de Fujimori, por proteger al grupo paramilitar 'Colina' que se dedicó a desaparecer extrajudicialmente a terroristas.
La Comisión de la Verdad presentó 73 casos de violaciones de los derechos humanos a la Fiscalía pero, hasta el momento, sólo se inició la investigación de uno de los casos porque "no tiene presupuesto para crear fiscalías en las zonas afectadas por la violencia".
El Ejército y la Marina de Perú (ya que la Fuerza Aérea no participó durante el conflicto) rechazaron la parte del informe de la CVR que afirmaba que "en ciertos lugares del país hubo prácticas sistemáticas de violaciones de los derechos humanos".
Además según dijeron portavoces militares a una agencia de noticias internacional - EFE, "descartamos defender a los miembros del grupo paramilitar 'Colina', ya que son delincuentes y los debe juzgar el Poder Judicial".
La clase política de Perú reaccionó a la defensiva ante las conclusiones del Informe final de la CVR.
Para los seguidores de Fujimori, "la CVR estuvo llena de izquierdistas que equipararon los asesinatos de los terroristas junto con el trabajo de las Fuerzas Armadas. Y buscan anular a (Alberto) Fujimori como candidato presidencial en el 2006".
Los miembros del gobierno de Belaúnde -al que pertenece el ex presidente del gobierno de transición, Valentín Paniagua- no reconocieron que fueron responsables en lo político durante la época de la violencia.
El partido Aprista que dirige el actual presidente Alan García (2007), respiró aliviado cuando el informe de la CVR solo le imputó "responsabilidad política más no penal", a pesar de que durante su gobierno ocurrieron masacres que dejaron más de doscientos muertos y la matanza de Cayara, entre otras.
Tres meses después de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad, Alejandro Toledo pidió, en un acto inédito en la política peruana, "perdón en nombre del Estado" a las víctimas de la violencia política. No admitió que hubo asesinatos sistemáticos por las Fuerzas Armadas, "sólo que hubo excesos".
Toledo anunció, inmediatamente después del informe, que en el 2004 se ejecutará un plan de Paz de 2.845 millones de soles (más de 817 millones de dólares), en los departamentos altoandinos más afectados por la violencia como; Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Junín y Cuzco.
Los familiares de las víctimas de los agentes del Estado y los organismos de derechos humanos criticaron al gobierno por el hecho de que no existan reparaciones individuales, pero reconocieron como positiva la petición pública de perdón a las víctimas.
Así, las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que estimaron en más de 69,000 personas las víctimas de la violencia interna en Perú, conmocionaron a la sociedad peruana e internacional, y desataron una polémica sobre las causas y consecuencias de la violencia que afrontó el país entre 1980 y 2000.
